La necesidad de sanciones de más alto nivel Además del asalto al poder judicial, el fiscal principal anticorrupción Juan Francisco Sandoval fue destituido arbitrariamente de su cargo como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en julio y obligado a huir del país. Sus esfuerzos para promover la transparencia y la independencia judicial le otorgaron el premio Mujeres Internacionales de Coraje de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos el año pasado. Aifán ha sido jueza en Guatemala durante 17 años, presidiendo casos de corrupción contra poderosos empresarios, jueces y legisladores. La jueza Erika Aifán y Pablo Xitumul de Paz enfrentan la denegación de su inmunidad judicial en procesos concurrentes, en aparente represalia por apoyar investigaciones sobre graves abusos a los derechos humanos y corrupción de alto nivel. En los últimos seis meses, uno tras otro de sus compañeros intrépidos en Guatemala se ha enfrentado a ataques lo suficientemente serios como para forzar o amenazar con el exilio. “Estoy extremadamente preocupado por el uso sistemático de armas legales para obstruir la investidura de la juez Porras”, comentó en ese momento el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán. Se presentaron sesenta denuncias penales en su contra, y el ataque atrajo la atención internacional. La Corte confirmó que las empresas habían comenzado a operar a pesar de la ausencia de consultas previas con las comunidades indígenas requeridas por el Convenio 169 de la OIT y las evaluaciones ambientales adecuadas exigidas por la ley guatemalteca.Ī principios de 2021, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala consideró múltiples solicitudes para despojar a Porras de su inmunidad, y el Congreso guatemalteco abrió una investigación, bloqueándola de su cargo. En 2020, Porras era la presidenta de la Corte Constitucional cuando emitió su decisión confirmando un fallo anterior que suspendía las operaciones mineras en El Estor, encontrando violaciones del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (conocido comúnmente como “OIT 169”). Su exilio está ligado a los fallos que hizo defendiendo los derechos indígenas en El Estor y la rendición de cuentas por delitos de corrupción. La jueza Gloria Porras está exiliada en Washington, DC, expulsada de su puesto de veterana en la Corte Constitucional de Guatemala -y separada de su familia- por una serie de amenazas y reclamaciones legales frívolas. Un personaje crucial en la historia de El Estor asume la vigilancia de la crisis desde miles de kilómetros de distancia. Personal del Sector de Justicia obligado a exiliarse Para abordar este desafío, los funcionarios encargados de las sanciones necesitan enfocarse menos en los operadores de bajo nivel que entregan sobornos y más en el tráfico de influencias de alto nivel. La comunidad internacional ha respondido sancionando a pocos actores de nivel inferior involucrados en esquemas de corrupción, pero hasta ahora no ha perseguido a los autores intelectuales que usan su influencia para asegurar nombramientos de alto nivel en el sector judicial para sus amigos. Sin embargo, sus esfuerzos se han visto bloqueados por redes corruptas que han capturado las tres ramas del gobierno. Muchos jueces y fiscales valientes en Guatemala han buscado restaurar el estado de derecho y poner fin al acaparamiento ilegal de tierras que ha alimentado la violencia.
Tal represión es una característica constante de la cleptocracia en Guatemala y recuerda un período de violencia tan extrema y dirigida contra las poblaciones indígenas, como para ser reconocida ampliamente como un genocidio. Esta fue la última de una historia de fuertes medidas contra los residentes allí, que son principalmente miembros de la comunidad indígena maya Q’echi’. Las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas unidades de la policía nacional, condujeron redadas violentas que resultaron en más de 60 arrestos.
La presente traducción es cortesía de las autoras.)Įn la orilla occidental del lago Izabal en Guatemala, un estado de sitio instituido por el gobierno guatemalteco envolvió al pueblo de El Estor el octubre pasado. (This article is also available in English here.
By Holly Dranginis, Brittany Benowitz and Kailey Wilk
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